Cómo legalizar una vivienda en suelo rústico y por qué es importante
La ley prohíbe la construcción de viviendas en suelos no urbanizables. Por ello, situaciones como las construcciones en suelo rústico son complejas. Es necesario legalizar la vivienda en suelo rústico ya que, de lo contrario, no sólo se incumple la ley, sino que el propietario se expone a penas de multa y cárcel. Analizamos las principales características de este proceso de legalización, los motivos por los que es necesario y cómo hacerlo.
Por qué se debe legalizar una vivienda en suelo rústico
El suelo rústico no tiene consideración de urbanizable. Por tanto, la construcción de vivienda en un suelo no urbanizable no será legal. Según las leyes vigentes en nuestro país se trata de un delito que puede acarrear condenas penales de cárcel y multa en caso de nuevas construcciones en suelos no autorizados a tal fin.
Qué ocurre con una vivienda no legalizada en suelo rústico
Una vivienda no legalizada asentada en suelo rústico es susceptible de ser demolida en consideración a su ubicación no autorizada. Por otro lado, no será posible la venta o tasación de la vivienda en situación irregular sobre un suelo rústico.
Una vivienda en esta situación también puede encontrar dificultad a la hora de la contratación de determinados servicios y suministros.
Cómo legalizar una vivienda en suelo rústico
¿Es posible? Si, es posible solicitar la legalización de una vivienda construida en suelo rústico. Para hacerlo es necesario obtener la licencia correspondiente del ayuntamiento al que pertenece el suelo.
Estas licencias pueden variar en cuanto a requerimientos y modelo de solicitud, pero deben ir en todos los casos acompañadas de documentos arquitectónicos, planos, y un proyecto de solicitud de autorización legal para la vivienda.
La decisión depende del informe que los técnicos del ayuntamiento emitan en función del proyecto presentado. Si se aprueba la legalización, el proceso de concesión de licencia es similar al de cualquier obra de construcción de vivienda en suelo urbano, incluyendo el pago de tasas, etc.
En determinados casos, y dependiendo de la ubicación de la vivienda, se pueden incorporar cláusulas adicionales a la hora de exigir documentación en función de factores como distancia del núcleo urbano, distancia de puntos de servicios municipales, etc.